Nación será querellante en la causa contra Levín
07/08/2020

La Secretaría de Derechos Humanos prestará colaboración en la investigación al ex titular de La Veloz del Norte por los secuestros y torturas de empleados de la empresa de transporte durante la última dictadura militar.

La Secretaría de DDHH de la Nación solicitó, mediante un escrito, asumir el rol de querellante en la causa por los secuestros y torturas en perjuicio de 17 trabajadores de La Veloz del Norte, cometidos entre 1976 y 1977 durante la última dictadura cívico-militar, con el fin de que “se continúe y profundice la investigación de los hechos denunciados, que constituyen una causa emblemática de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado”, según argumentaron por intermedio de los abogados.

La mencionada causa, que investiga la participación del por entonces titular de la empresa de transporte, Marcos Levín, del ex jefe de personal de La Veloz, José Antonio Grueso, y de los policías Víctor Hugo Almirón, Víctor Hubo Bocos y Enrique Cardozo, remite a las detenciones ilegales de los empleados que, según la Secretaría querellante, tuvieron como objetivo “disciplinar y acallar los reclamos laborales”.

La Secretaría encabezada por Horacio Pietragalla, señala que el de La Veloz del Norte es un caso icónico que “da cuenta de las actividades propias del terrorismo de Estado que tenían lugar al interior de las instalaciones de la empresa, por lo que solicita, en su rol de querellante, la imputación de Levín y Grueso como partícipes primarios de los hechos perpetrados, por ser colaboradores necesarios para que se lleve adelante el secuestro y tortura de los trabajadores de la transportista durante la última dictadura cívico-militar”.

La investigación se centra sobre los delitos en perjuicio de 16 de los 17 damnificados y busca ampliar el tiempo de condena que fue dictado para los responsables civiles y policiales sólo por la detención ilegal del chofer Víctor Manuel Cobos.

El secuestro de Cobos, ya había arrojado la sentencia sobre cuatro de los imputados de 12 años de prisión para Levís, Almirón y Bocos, y de 8 años para Cardozo, fallo que fue apelado y del cual se aguarda el dictamen de la Corte Suprema de la Nación.

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