Otro organismo nacional se suma al pedido de derogación del DNU 255
07/17/2020

Se trata, esta vez, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo que vela por la integridad física de los detenidos en todo el país, el cual recomendó al Gobierno de Salta dejar sin efecto la Ley 8191 ante las constantes violaciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas policiales del Ministro Pulleiro.

Luego de que se expresaran contrariamente al DNU 255 diferentes actores de la política local, se solicitaran explicaciones al respecto y hasta incluso se presentara un recurso por parte del Estado Nacional, el Comité Nacional contra la Tortura se sumó a los pedidos y recomendó al Gobierno de Salta la derogación de la Ley 8191, que autoriza a la Policía salteña a arrestar por 60 días a quien infringe las normas del aislamiento/distanciamiento social vigentes, debido a que se están avasallando los derechos humanos de las personas y a las múltiples denuncias sobre estos atropellos, que encuentran en el Ministro Juan Manuel Pulleiro al estandarte de la política represiva en la provincia.

Los arrestos llevados a cabo bajo el criterio de las fuerzas policiales provinciales, sin intervención judicial ni garantías de acceso a una defensa técnica y apelables sin efecto suspensivo, son el principal foco apuntado por el CNPT, ya que “se encuentran en clara contradicción con las reglas del debido proceso legal, las garantías mínimas reconocidas en materia de derechos humanos y no se adecuan a los estándares internacionales de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, según expresaron.

En concordancia con este planteo, el CNPT recuerda “que los sistemas internacionales de protección de derechos humanos no permiten suspender garantías esenciales ni afectar derechos determinados”, y que las restricciones excepcionales, como la que establece la penalización para quienes rompen la cuarentena en la Provincia, “deben ser previstas por una ley que no comprometa la esencia del derecho, utilice criterios precisos, no confiera discrecionalidad a las personas encargadas de su aplicación, se ajuste al principio de proporcionalidad, sea compatible con otros derechos y con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación”.

Además, se destacó el trabajo en conjunto de los distintos organismos de derechos humanos en todo el mundo ante las problemáticas que plantean las medidas preventivas por el Coronavirus, en el que coinciden en que “los Estados no deben abusar de las medidas de emergencia para reprimir los derechos humanos” y que la declaración de emergencia no debe funcionar como una excusa para la acción represiva bajo pretexto de proteger la salud.

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